Multas del AI Act: qué arriesga tu empresa desde el 2 de agosto de 2026 y quién vigila en España

Conviene fijar primero el terreno de juego, porque la confusión sobre fechas sigue siendo la norma. El AI Act se aplica por tramos, y el Digital Omnibus —Reglamento (UE) 2026/1744, publicado el 24 de julio de 2026 y en vigor desde el 27— desplazó determinados bloques de obligaciones de alto riesgo, no el reglamento en su conjunto. Para el alto riesgo hay ahora dos fechas: el 2 de diciembre de 2027 para los sistemas clasificados conforme al artículo 6.2 y el Anexo III —selección de personal, crédito, servicios esenciales—, y el 2 de agosto de 2028 para los vinculados a productos regulados del artículo 6.1 y el Anexo I. El resto de obligaciones sigue su calendario.

Para la mayoría de empresas que utilizan IA, hay tres bloques especialmente relevantes que ya deben estar en el radar de cumplimiento —no son los únicos del reglamento: los proveedores de modelos de IA de propósito general tienen los suyos desde agosto de 2025—. Primero, las prácticas prohibidas del artículo 5 —puntuación social, reconocimiento de emociones en el trabajo o en educación, manipulación subliminal, extracción masiva de imágenes faciales—, ilegales desde el 2 de febrero de 2025. Segundo, la alfabetización en IA del artículo 4, exigible desde la misma fecha. Tercero, y es la novedad de este agosto, las obligaciones de transparencia del artículo 50: avisar cuando una persona interactúa con una IA, marcar el contenido sintético y etiquetar los deepfakes. Un matiz importante: el artículo 50 no impone una única obligación de etiquetado; establece deberes distintos según el tipo de sistema, el contenido generado y el papel que ocupa la empresa —no exige lo mismo al proveedor del sistema que a quien lo despliega—. Lo desarrollamos en qué exige el artículo 50.

El marco sancionador que respalda todo esto no estrena vigencia ahora: comenzó a aplicarse por fases desde el 2 de agosto de 2025. La posibilidad de sancionar un incumplimiento concreto depende, en cada caso, de que la obligación correspondiente ya sea exigible. Lo que ha cambiado el 2 de agosto de 2026 es que el bloque que afecta a más empresas —la transparencia de la IA generativa de cara a terceros— ha entrado en esa zona.

Seis fechas ordenan hoy la aplicación del reglamento. Merece la pena tenerlas a la vista, porque buena parte de la confusión —y de los incumplimientos involuntarios— nace de mezclarlas.

1. 2 de febrero de 2025 — Prácticas prohibidas (artículo 5) y alfabetización en IA (artículo 4), exigibles para cualquier organización que desarrolle o utilice IA.

2. 2 de agosto de 2025 — Obligaciones de los modelos de IA de propósito general, gobernanza e inicio de la aplicación por fases del marco sancionador.

3. 2 de agosto de 2026 — Aplicación general del artículo 50

   avisos de chatbots, marcado de contenido sintético y etiquetado de deepfakes.

4. 2 de diciembre de 2026 — Fin del periodo transitorio del marcado del artículo 50.2 para sistemas generativos puestos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026.

5. 2 de diciembre de 2027 — Sistemas de alto riesgo del artículo 6.2 y Anexo III

   selección de personal, crédito, servicios esenciales, educación.

6. 2 de agosto de 2028 — Sistemas de alto riesgo del artículo 6.1 y Anexo I

   IA integrada en productos ya regulados.

El Digital Omnibus introdujo un periodo transitorio muy concreto que conviene no malinterpretar. Los proveedores de sistemas de IA que generan audio, imagen, vídeo o texto sintético —incluidos los de propósito general— y que fueron puestos en el mercado antes del 2 de agosto de 2026 disponen hasta el 2 de diciembre de 2026 para implantar el marcado técnico del artículo 50.2: la marca legible por máquina que permite detectar que un contenido ha sido generado o manipulado artificialmente.

El alcance es deliberadamente estrecho: afecta a esa obligación de marcado del proveedor y a los sistemas ya en el mercado, no a todo el artículo 50. Los avisos de los chatbots, el etiquetado de deepfakes y el resto de deberes de transparencia —incluidos los de quien despliega el sistema— son exigibles desde el 2 de agosto de 2026 sin transición. Y un sistema generativo lanzado después de esa fecha nace con la obligación de marcado puesta.

La primera pregunta de cumplimiento no es de cuánto puede ser la multa: es qué papel ocupa tu empresa respecto de cada sistema de IA. El AI Act distingue entre operadores —sobre todo entre el proveedor, que desarrolla el sistema o lo comercializa con su marca, y el responsable del despliegue o deployer, que lo utiliza bajo su autoridad— y de ese papel dependen las obligaciones exigibles y, por tanto, la exposición sancionadora. La mayoría de las empresas españolas no desarrolla sistemas de IA: usa o integra soluciones de terceros, lo que las sitúa como responsables del despliegue, con deberes más acotados.

El matiz que exige atención es que el papel se determina sistema a sistema, no a nivel de organización, y que se puede cambiar de casilla sin advertirlo: poner tu marca sobre un sistema de un tercero, modificarlo sustancialmente o darle una finalidad de alto riesgo te convierte en proveedor. Cómo hacer ese análisis lo detallamos en el checklist del 2 de agosto, y es la primera fase de cualquier proyecto serio de cumplimiento del AI Act: sin el mapa de papeles, cualquier cálculo de riesgo sancionador es especulación.

El artículo 99 del reglamento estructura las sanciones en tres tramos, según la gravedad de la infracción. En cada uno, el tope es la cifra absoluta o el porcentaje de la facturación mundial anual del ejercicio anterior, la que resulte mayor. Para pymes y startups la lógica se invierte: se aplica la cifra que resulte menor, un matiz que reduce sustancialmente la exposición de una empresa mediana.

Hay un cuarto tramo que no gestionan las autoridades nacionales sino la Comisión Europea: las multas a proveedores de modelos de IA de propósito general —los modelos fundacionales—, que pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3 % de la facturación mundial. Salvo que tu empresa entrene y comercialice modelos fundacionales, este tramo no le aplica, pero explica por qué los grandes proveedores llevan desde 2025 publicando documentación de cumplimiento.

Los importes máximos son eso: máximos. Es muy improbable que una autoridad imponga el tope de 15 millones a una pyme por un chatbot sin aviso: el propio artículo 99 obliga a graduar cada sanción atendiendo a las circunstancias del caso, y conocer esos criterios es útil porque describe, en negativo, cómo reducir la exposición antes de que nadie pregunte.

Los factores que el reglamento manda considerar incluyen la naturaleza, gravedad y duración de la infracción; el número de personas afectadas y el daño causado; si la infracción fue intencionada o negligente; las medidas correctoras adoptadas y su rapidez; las sanciones previas; el tamaño y la cuota de mercado del infractor; y el grado de cooperación con la autoridad. La traducción práctica es directa: una empresa con inventario de usos de IA, clasificación de riesgo documentada, avisos puestos y un responsable identificable parte de un escenario sancionador radicalmente distinto al de una que no puede enseñar nada.

• Gravedad y duración: un aviso de transparencia que faltó dos semanas no es un sistema prohibido operando dos años.
• Intencionalidad o negligencia: la documentación interna de decisiones es la prueba de diligencia más barata que existe.
• Medidas correctoras: corregir rápido y poder demostrarlo pesa a favor; esperar a la inspección pesa en contra.
• Cooperación: responder con un inventario y un plan sobre la mesa cambia la conversación con cualquier autoridad.
• Tamaño de la empresa: para pymes el tope es la cifra menor entre el importe absoluto y el porcentaje.

Las multas del AI Act —salvo el tramo de modelos fundacionales— las imponen las autoridades nacionales, y aquí es donde el mapa español necesita explicación. La pieza central es la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, creada en 2023 con sede en A Coruña y primera agencia estatal de este tipo en la Unión Europea. Es la llamada a ejercer la supervisión de mercado para la mayoría de los sistemas de IA.

No está sola, y el reparto lo dibuja el Proyecto de Ley Orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de mayo de 2026 y en tramitación en el Congreso. El proyecto atribuye a la AESIA funciones de vigilancia del mercado con carácter general —incluidos, entre otros ámbitos, los sistemas sujetos a las obligaciones de transparencia del artículo 50—, mantiene a la AEPD en los terrenos ligados a datos personales y biometría —donde se concentran varias de las prácticas prohibidas—, reserva al Consejo General del Poder Judicial la administración de justicia y deja los productos y sectores ya regulados bajo sus correspondientes autoridades sectoriales, como las financieras o las de seguros. Mientras la tramitación siga abierta, este reparto es el previsto, no el definitivo: una ley orgánica exige mayoría absoluta y el texto puede cambiar.

¿Qué significa que esa ley siga en tramitación? Que no esté aprobada no suspende las obligaciones materiales del AI Act, que derivan directamente del reglamento europeo y son exigibles conforme a su propio calendario. Sí introduce un elemento real de transición institucional: la norma española está llamada a concretar el reparto de competencias, las potestades sancionadoras y determinados aspectos procedimentales, y hasta que se apruebe la aplicación práctica en España tiene piezas por encajar. Lo que no debe hacerse es leer esa transición como una moratoria general del reglamento: las obligaciones existen hoy, y el uso incumplidor de estos meses deja un rastro documental que cualquier autoridad podrá valorar después.

Centrar el análisis de riesgo en la probabilidad de inspección es un error de cálculo, porque la vía por la que el AI Act puede llegar antes a una empresa no es necesariamente la autoridad: es el mercado. Es el patrón que dejó el RGPD —el cumplimiento acabó convertido en exigencia contractual y de compras mucho antes de que las sanciones fueran habituales— y es razonable esperar una evolución parecida: en nuestra experiencia, las preguntas sobre IA ya empiezan a aparecer en procesos de compra de clientes corporativos, y un contrato o una licitación pueden exigir evidencias que una inspección quizá no pediría en años.

A eso se suman los costes que no salen en la tabla de sanciones: la retirada de un producto o de una funcionalidad construida sobre un uso que no debió existir, la posición de debilidad en cualquier disputa contractual relacionada con IA, y el coste reputacional de un expediente en la primera etapa de una supervisión que está construyendo criterio. En esa etapa, la visibilidad de un sistema, las reclamaciones de personas afectadas y la facilidad para detectar un incumplimiento pueden convertirse en factores relevantes de exposición — y los tres apuntan al mismo sitio: lo que se ve y no está documentado.

• Cuestionarios de proveedores: la due diligence de clientes corporativos puede incluir ya preguntas específicas sobre el AI Act.
• Licitaciones públicas: el cumplimiento normativo es criterio habitual de acceso, y el AI Act es cumplimiento normativo desde 2025.
• Contratos: las cláusulas de conformidad regulatoria alcanzan de forma natural al reglamento, con derecho de auditoría incluido.
• Seguros: la gobernanza de IA es información relevante para pólizas de ciberriesgo y D&O, y es previsible que los cuestionarios la vayan incorporando.

Si el párrafo anterior describe tu situación —obligaciones exigibles, poco o nada documentado—, la buena noticia es que la distancia entre "expuesto" y "defendible" se mide en semanas, no en trimestres. El camino es el checklist de seis pasos que publicamos antes de la fecha, y el orden de prioridad no ha cambiado; lo que ha cambiado es que ahora cada semana sin avisos de transparencia es una semana de incumplimiento activo, no de preparación apurada.

En términos de exposición sancionadora, la secuencia racional es: eliminar primero cualquier práctica prohibida —el tramo de 35 millones no admite plan de acción, solo cese—, poner después los avisos del artículo 50 en todo lo que interactúa con terceros —el incumplimiento visible es el incumplimiento fácil de denunciar—, y construir a continuación el expediente de diligencia: inventario de sistemas, papel de la empresa en cada uno, clasificación de riesgo, responsable interno y formación del artículo 4 con registro. Es exactamente el material que gradúa una sanción a la baja y el que responde un cuestionario de cliente.